Asturias será una de las siete regiones mineras de las 41 que existen en la UE que recibirá ayuda técnica para el desarrollo de proyectos de transición ecológica. A través de la Plataforma de Regiones de Carbón en Transición, el Principado recibirá a partir de 2020 mecanismos de apoyo y metodología de evaluación orientados a la puesta en marcha procesos de descarbonización y de desarrollo alternativo de las zonas mineras. [vc_separator type=»transparent» up=»10″]
El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández ha presentado en Bruselas las líneas de actuación con las que trabaja el ejecutivo regional de cara a una transición ecológica progresiva y justa. En la reunión celebrada en la capital belga dentro del marco de la Plataforma de Regiones de Carbón en Transición han estado también representantes de otras comunidades autónomas, como Castilla y León o Aragón, así como responsables de Hunosa, sindicatos y del Ministerio de Transición Ecológica. [vc_separator type=»transparent» up=»10″]
La Plataforma de Regiones de Carbón en Transición nació hace dos año en Estrasburgo (Francia) con el objetivo de apoyar los procesos de descarbonización de la economía de territorios fuertemente vinculados a la minería de carbón.
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El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria, Empeo y Promoción Económica ha presentado 54 proyectos en áreas como la geotermia y los aprovechamientos de activos mineros, la diversificación y la reactivación económica, susceptibles de ser financiados con fondos europeos. [vc_separator type=»transparent» up=»10″]
El Ejecutivo asturiano presentó la semana pasada ante el Comité de las Regiones (CdR) la creación de un fondo específico para las regiones mineras destinado a financiar proyectos generadores de empleo y actividad económica, dentro del marco de la transición energética, que facilite el paso de la generación térmica a fuentes renovables. [vc_separator type=»transparent» up=»10″]
Asturias está integrada actualmente en la comisión intergubernamental creada por el ejecutivo central, los agentes sociales y la Federación Asturiana de Concejos cuya finalidad es diagnosticar el impacto del proceso de descarbonización, así como detectar oportunidades.
